Lo que revelan las diferencias en las sentencias, lo que no pueden demostrar y por qué importa la jurisdicción.
Hay que leer las cifras antes de repetirlas
Una sentencia la viven una persona y su familia, pero los patrones en las sentencias pueden sacar a la luz preguntas que un caso individual no puede responder por sí solo. Si acusados en situaciones comparables reciben oportunidades distintas de seguir en sus comunidades, la sociedad debe preguntarse por qué. Esa pregunta gana fuerza cuando describimos la investigación con exactitud, incluidos los hallazgos que complican nuestro argumento.
El informe de 2023 de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos analizó las sentencias federales de los años fiscales 2017 a 2021. Su análisis ajustado de todas las sentencias encontró que los hombres hispanos recibieron sentencias 11.2 por ciento más largas que los hombres blancos, y las mujeres hispanas, sentencias 27.8 por ciento más largas que las mujeres blancas. Pero entre las sentencias que solo implicaban prisión, las diferencias fueron de 1.9 por ciento más largas para los hombres hispanos y de 5.9 por ciento más cortas para las mujeres hispanas. Buena parte de la disparidad general se explicaba por la decisión entre libertad condicional y encarcelamiento.[16]
Se trata de comparaciones basadas en modelos estadísticos, no de una prueba de que cada par de personas que cometieron el mismo delito recibió un castigo desigual. Son resultados federales, no cifras de todos los tribunales estatales, y la categoría de hispano es más amplia que la identidad mexicana. Una asociación estadística tampoco puede establecer el motivo de un juez en particular.[16]
Ninguna de esas aclaraciones le resta importancia al tema. Que una persona vaya o no a prisión es una decisión que le cambia la vida. Una respuesta cuidadosa debería examinar el acceso a alternativas y las razones que dan quienes toman las decisiones, en lugar de tratar la duración de la condena como la única medida del trato desigual. La necesidad de escrutinio sigue en pie aunque se corrija una cifra exagerada.
El tribunal que tiene jurisdicción cambia la pregunta
Para las naciones nativas, antes de la duración de una sentencia hay otra cuestión: ¿qué gobierno puede procesar el caso? La Ley de Delitos Mayores (Major Crimes Act), hoy codificada en 18 U.S.C. § 1153, coloca bajo jurisdicción federal ciertos delitos graves cometidos por indígenas en territorio indígena. No es una ley general sobre drogas ni convierte en caso federal cualquier delito cometido por cualquier persona indígena, sin importar dónde ocurra.[17]
La afirmación contraria, que los no indígenas que cometen delitos en las reservas siempre van a un tribunal estatal, también es falsa. La autoridad federal puede aplicarse conforme a la Ley de Delitos Generales (General Crimes Act), 18 U.S.C. § 1152. En Oklahoma v. Castro-Huerta, en 2022, la Corte Suprema resolvió que los estados y el gobierno federal tienen jurisdicción concurrente sobre los delitos cometidos por no indígenas contra indígenas en territorio indígena, salvo que la ley federal excluya la autoridad estatal.[18,19]
Importan el lugar, la condición jurídica de las personas involucradas, el delito y las leyes aplicables. La autoridad tribal y los acuerdos de jurisdicción propios de cada estado complican todavía más el panorama. En este contexto, «Indian» es una categoría legal del derecho estadounidense: no puede sustituirse simplemente por mexicano, latino o cualquier persona con ascendencia indígena. Esa distinción es esencial para un argumento sobre soberanía, y no solo sobre demografía.
Esta complejidad tiene una consecuencia política. Personas que viven cerca unas de otras pueden enfrentarse a gobiernos que las procesan y a sistemas de sentencias distintos. Criticar ese arreglo exige comparar conductas equivalentes y la exposición legal real, sin dar por hecho que una sentencia federal siempre es más dura que una estatal.
Una disparidad histórica con una limitación importante
El informe de 2003 del Grupo Asesor Nativo Americano (Native American Advisory Group) a la Comisión de Sentencias ofrece un ejemplo histórico impactante. Reportó que, en Nuevo México, las sentencias promedio por agresión impuestas a acusados indígenas eran de seis meses en tribunales estatales y de 54 meses en tribunales federales. Pero reconoció de forma expresa que las estadísticas estatales incluían delitos menores que por lo general no se procesan a nivel federal. No eran casos perfectamente equiparables ni una comparación entre acusados nativos y acusados blancos.[20]
Aun así, el grupo asesor consideró que la disparidad era considerable y recomendó cambios. Su hallazgo merece atención como advertencia histórica sobre la jurisdicción y las sentencias. No debe volver a difundirse como una regla nacional vigente ni como prueba de que la misma agresión le cuesta automáticamente a una persona nativa nueve veces más castigo.[20]
Lo responsable es exigir comparaciones actualizadas y transparentes. Los investigadores deberían tomar en cuenta la gravedad del delito, los antecedentes penales, las decisiones sobre los cargos y las alternativas disponibles en cada sistema. Los gobiernos nativos deberían tener un papel real en definir las preguntas que se hacen sobre sus ciudadanos y sus comunidades.
Los recursos de derechos civiles también exigen precisión
En Alexander v. Sandoval, en 2001, la Corte Suprema resolvió que los particulares no podían demandar para hacer cumplir los reglamentos del Título VI que prohíben el impacto desigual (disparate impact). No eliminó las demandas privadas por discriminación intencional al amparo de la Sección 601. El conflicto de fondo tenía que ver con los exámenes para la licencia de manejo que Alabama aplicaba solo en inglés, no con una detención policial.[21]
Esa distinción no elimina una preocupación seria: demostrar un efecto desigual y probar una discriminación intencional son tareas distintas, y el recurso disponible puede depender de la demanda que se presente. Pero afirmar que las víctimas perdieron todo derecho a demandar ocultaría las vías que siguen abiertas y describiría mal el obstáculo que la Corte realmente impuso.
Una crítica creíble de los tribunales no requiere fingir que cada juez tiene prejuicios conscientes. Requiere examinar cómo la discrecionalidad, la jurisdicción, los recursos legales y el acceso a alternativas determinan los resultados. Debemos exigir instituciones capaces de reconocer una disparidad, explicarla con evidencia y corregir lo que no se pueda justificar. La facultad de castigar conlleva la obligación de responder esas preguntas.
Fuentes y lecturas recomendadas
- Comisión de Sentencias de EE. UU. 2023 Demographic Differences in Federal Sentencing, 14 de noviembre de 2023; análisis de los años fiscales 2017 a 2021. Fuente de acceso abierto.
- Código de Estados Unidos. 18 U.S.C. § 1153, Offenses committed within Indian country. Fuente de acceso abierto.
- Código de Estados Unidos. 18 U.S.C. § 1152, Laws governing. Fuente de acceso abierto.
- Corte Suprema de EE. UU. Oklahoma v. Castro-Huerta, 597 U.S. 629 (2022). Fuente de acceso abierto.
- Native American Advisory Group. Report to the U.S. Sentencing Commission, 4 de noviembre de 2003, p. 33 impresa (p. 40 del PDF), comparaciones de casos de agresión y sus limitaciones. Fuente de acceso abierto.
- Corte Suprema de EE. UU. Alexander v. Sandoval, 532 U.S. 275 (2001). Fuente de acceso abierto.
Este artículo fue elaborado por Ángel Rivas como parte de un trabajo de investigación periodística y tiene fines exclusivamente informativos, con la intervención editorial de Rosalba Téllez. El contenido no refleja una opinión personal del autor, y se basa en la recopilación y verificación de información de interés público.
What sentencing disparities reveal, what they cannot prove, and why jurisdiction matters.
Read the numbers before repeating them
A sentence is experienced by a person and a family, but sentencing patterns can expose questions that an individual case cannot answer alone. If comparable defendants receive different opportunities to remain in their communities, the public should ask why. That inquiry becomes stronger when we describe the research accurately, including findings that complicate our argument.
The U.S. Sentencing Commission's 2023 report examined federal sentencing in fiscal years 2017 through 2021. Its adjusted analysis of all sentences found Hispanic men received sentences 11.2 percent longer than White men; Hispanic women received sentences 27.8 percent longer than White women. But among prison-only sentences, the differences were 1.9 percent longer for Hispanic men and 5.9 percent shorter for Hispanic women. The decision between probation and incarceration accounted for much of the overall disparity.[16]
Those are model-based comparisons, not proof that every pair of people committing an identical offense received unequal punishment. They are federal findings, not figures for every state court, and the Hispanic category is broader than Mexican identity. Nor can a statistical association establish the motive of a particular judge.[16]
None of those qualifications makes the subject unimportant. Whether a person is imprisoned at all is a life-changing decision. A careful response should examine access to alternatives and the reasons decision-makers give, rather than treating prison length as the only measure of unequal treatment. The need for scrutiny survives the correction of an overstated statistic.
The court with jurisdiction changes the question
For Native nations, another issue comes before the length of a sentence: which government can prosecute? The Major Crimes Act, now codified at 18 U.S.C. § 1153, places specified serious offenses committed by Indians in Indian country within federal jurisdiction. It is not a general drug statute and does not turn every offense by every Indigenous person, wherever committed, into a federal case.[17]
The opposite claim, that non-Indians committing crimes on reservations always go to state court, is also wrong. Federal authority may apply under the General Crimes Act, 18 U.S.C. § 1152. In Oklahoma v. Castro-Huerta in 2022, the Supreme Court held that states and the federal government have concurrent jurisdiction over crimes by non-Indians against Indians in Indian country, unless state authority is preempted.[18,19]
Location, the legal status of the people involved, the offense, and applicable statutes matter. Tribal authority and state-specific jurisdictional arrangements complicate the picture further. In this context, Indian is a legal category; it cannot simply be substituted with Mexican, Latino, or anyone with Indigenous ancestry. The distinction is essential to an argument about sovereignty rather than merely demographics.
This complexity has a political consequence. People may live near one another yet encounter different prosecuting governments and sentencing systems. Critiquing that arrangement requires comparing comparable conduct and actual legal exposure, not assuming that a federal sentence is invariably harsher than a state sentence.
A historical disparity with an important limitation
The Native American Advisory Group's 2003 report to the Sentencing Commission provides a striking historical example. It reported average assault sentences for Indian defendants in New Mexico of six months in state court and 54 months in federal court. But it expressly acknowledged that the state statistics included lower-level offenses generally not prosecuted federally. These were not perfectly matched cases, nor were they a comparison of Native defendants with White defendants.[20]
The advisory group nevertheless viewed the disparity as substantial and recommended changes. Its finding deserves attention as a historical warning about jurisdiction and sentencing. It should not be republished as a current national rule or as proof that the same assault automatically produces nine times the punishment for a Native person.[20]
The responsible demand is for updated, transparent comparisons. Researchers should account for offense severity, criminal history, charging choices, and the alternatives available in each system. Native governments should have a meaningful role in defining the questions being asked about their citizens and communities.
Civil-rights remedies also require precision
In Alexander v. Sandoval in 2001, the Supreme Court held that private parties could not sue to enforce Title VI regulations prohibiting disparate impact. It did not eliminate private suits for intentional discrimination under Section 601. The underlying dispute concerned Alabama's English-only driver's-license examinations, not a police stop.[21]
That distinction still leaves a serious concern: demonstrating an unequal effect and proving intentional discrimination are different tasks, and the available remedy can depend on the legal claim. But stating that victims lost every right to sue would hide the avenues that remain and misdescribe the barrier the Court actually imposed.
A credible critique of courts does not require pretending that every judge is consciously prejudiced. It requires examining how discretion, jurisdiction, legal remedies, and access to alternatives shape outcomes. We should demand institutions capable of acknowledging a disparity, explaining it with evidence, and correcting what cannot be justified. The authority to punish carries an obligation to answer those questions.
Sources and further reading
- U.S. Sentencing Commission. 2023 Demographic Differences in Federal Sentencing, November 14, 2023; FY2017-2021 analysis. Open source.
- United States Code. 18 U.S.C. § 1153, Offenses committed within Indian country. Open source.
- United States Code. 18 U.S.C. § 1152, Laws governing. Open source.
- U.S. Supreme Court. Oklahoma v. Castro-Huerta, 597 U.S. 629 (2022). Open source.
- Native American Advisory Group. Report to the U.S. Sentencing Commission, November 4, 2003, printed p. 33 (PDF p. 40), assault comparisons and limitations. Open source.
- U.S. Supreme Court. Alexander v. Sandoval, 532 U.S. 275 (2001). Open source.
This article was written by Ángel Rivas as part of a journalistic investigation and is intended for informational purposes only, with editorial input from Rosalba Téllez. The content does not reflect the author's personal opinion and is based on the collection and verification of information of public interest.
