Cómo las decisiones sobre la aplicación de la ley convierten los relatos políticos en encuentros con el Estado.
Una decisión política antes de un arresto
Un gobierno no necesita anunciar que una comunidad étnica es inferior para exponer a sus miembros a un trato desigual. Puede describir a una población como un problema de seguridad, ampliar las instituciones encargadas de controlarla y permitir que la apariencia o el idioma influyan en a quién detienen esas instituciones. La pregunta es si la aplicación de la ley responde a la conducta individual o si empieza a tratar la pertenencia misma como algo sospechoso.
La política moderna del castigo no comenzó con Ronald Reagan. El 17 de junio de 1971, Richard Nixon anunció una campaña intensificada contra el abuso de drogas. Su discurso combinó el lenguaje de una ofensiva con propuestas de tratamiento y rehabilitación. Más tarde, el 27 de octubre de 1986, Reagan firmó la Ley contra el Abuso de Drogas (Anti-Drug Abuse Act). En sus palabras durante la firma puso el énfasis en leyes severas y en una movilización nacional contra las drogas.[6,7]
Esa cronología importa. Ni el giro punitivo ni la oposición a él pueden explicarse por una sola administración. El Congreso y los gobiernos estatales también tomaron decisiones de gran peso. La legislación federal contra el crimen de 1994 incluyó programas de policía y encarcelamiento junto con otras medidas, lo que muestra hasta qué punto la política criminal se había convertido en un proyecto legislativo.[8] Deberíamos identificar esas decisiones en lugar de afirmar que un solo presidente borró, por sí mismo, todos los logros en materia de derechos civiles.
Qué movimientos se vuelven una amenaza
La exigencia de autonomía cultural y política también tiene su propia historia. El Movimiento Indígena Estadounidense (American Indian Movement, AIM) participó en la ocupación de Wounded Knee en 1973. La confrontación duró 71 días. El Departamento de Justicia registra que la mediación ayudó a concertar una reunión entre funcionarios de la Casa Blanca y líderes sioux para discutir cuestiones relacionadas con los tratados y la gobernanza.[9]
Tanto para la organización chicana como para la nativa, sigue en pie una pregunta política central: ¿puede una comunidad desafiar a las instituciones que gobiernan su vida sin que sus exigencias se reduzcan a desorden? Una conducta ilegal concreta puede investigarse sin tratar la identidad cultural de todo un movimiento como prueba en su contra. Debemos insistir en esa distinción incluso cuando una protesta es confrontativa o sus exigencias son impopulares.
La evidencia debe ser local y específica
El condado de Maricopa ofrece un ejemplo documentado de selección por motivos raciales. Al anunciar los resultados de su investigación en 2011, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que su experto había determinado que los conductores latinos tenían entre cuatro y nueve veces más probabilidades de ser detenidos que conductores no latinos en situaciones similares. El departamento también constató prácticas policiales discriminatorias y la falta de asistencia lingüística en las cárceles del condado.[10] Estas fueron conclusiones sobre una agencia y una investigación en particular, no una estimación nacional para toda la policía.
Una detención no es una condena, y un recuento de arrestos no es una medida transparente de cuántos delitos comete una población. Las decisiones sobre la aplicación de la ley influyen en quién entra en esos recuentos. Al mismo tiempo, una disparidad por sí sola no nos dice todo sobre su causa. Una rendición de cuentas significativa requiere información sobre la conducta que observaron los agentes, los motivos de una detención, el resultado de un registro y el trato que recibieron personas en situaciones comparables.
La decisión de la Corte Suprema de 1975 en United States v. Brignoni-Ponce revela una tensión de gran alcance. Rechazó una detención de la Patrulla Fronteriza en un patrullaje itinerante basada únicamente en la aparente ascendencia mexicana, pero permitió que esa apariencia se tomara en cuenta junto con otros factores pertinentes. El caso trataba sobre la sospecha razonable necesaria para una detención breve; un registro posterior requería consentimiento o causa probable.[11] Tanto sus límites como lo que permite merecen escrutinio.
La deportación y el significado de la limpieza étnica
El 20 de enero de 2025, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14159, titulada Protecting the American People Against Invasion (Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión). La orden dispuso ampliar las labores de deportación y la capacidad de detención, así como la cooperación con las fuerzas del orden estatales y locales. Esas son características de la orden misma; su funcionamiento y su legalidad en cada caso concreto requieren un examen aparte.[12]
Uso el término limpieza étnica para expresar mi condena política a un proyecto de expulsión cuando trata a una población étnica como una presencia que debe ser eliminada. Aplicar ese término a la agenda de la administración es un argumento que yo planteo, no una conclusión judicial establecida por este artículo. Las Naciones Unidas señalan que la limpieza étnica no está definida como un crimen internacional por separado, aunque los actos asociados a ella pueden constituir crímenes internacionales reconocidos.[13] La etiqueta no puede sustituir a las pruebas sobre a quién se dirige una política, qué hace y por qué.
Las noticias de enero de 2026 muestran por qué hace falta precisión. La Tribu Sioux Oglala denunció que ICE detuvo a ciudadanos de la tribu en Mineápolis y que tres de ellos fueron trasladados a Fort Snelling.[14] El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no pudo confirmar esos encuentros.[15] Se trataba de versiones en disputa, no de una base para afirmar como un hecho comprobado que los hombres fueron arrestados por su apariencia.
Lo que debería exigir la rendición de cuentas pública
Mi preocupación es la invitación política a fundir la identidad, el estatus migratorio y la criminalidad en una sola categoría. Son preguntas distintas. Un debate público serio debería exigir razones individualizadas para cada acción de aplicación de la ley, vías accesibles para impugnar una detención y un escrutinio independiente de las prácticas discriminatorias. También debería escuchar a las comunidades a las que se les pide demostrar, una y otra vez, que pertenecen.
Las comparaciones históricas son útiles cuando nos ayudan a reconocer los mecanismos de exclusión. Pierden fuerza cuando borran las diferencias o van más allá de la evidencia. Podemos oponernos con firmeza a la aplicación racializada de la ley y, al mismo tiempo, nombrar con exactitud fechas, instituciones, criterios legales y hechos en disputa. Esa disciplina hace más difícil que los funcionarios descarten la queja de una comunidad como simple retórica.
Fuentes y lecturas recomendadas
- Richard Nixon, palabras presidenciales. Remarks About an Intensified Program for Drug Abuse Prevention and Control, 17 de junio de 1971; American Presidency Project. Fuente de acceso abierto.
- Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. Remarks on Signing the Anti-Drug Abuse Act of 1986, 27 de octubre de 1986. Fuente de acceso abierto.
- Congreso de EE. UU. Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994, H.R. 3355, texto final aprobado. Fuente de acceso abierto.
- Departamento de Justicia de EE. UU., Community Relations Service. Peaceful End to the Siege at Wounded Knee (1973). Fuente de acceso abierto.
- Departamento de Justicia de EE. UU. Thomas E. Perez, Maricopa County Sheriff's Office Investigative Findings Announcement, 15 de diciembre de 2011. Fuente de acceso abierto.
- Corte Suprema de EE. UU. United States v. Brignoni-Ponce, 422 U.S. 873 (1975). Fuente de acceso abierto.
- La Casa Blanca. Orden Ejecutiva 14159, Protecting the American People Against Invasion, 20 de enero de 2025, secciones 9-12. Fuente de acceso abierto.
- Centro Regional de Información de las Naciones Unidas. International law: Understanding justice in times of war, 27 de marzo de 2024. Fuente de acceso abierto.
- Associated Press. Oglala Sioux Tribe says three tribal members arrested in Minneapolis are in ICE detention, enero de 2026. Fuente de acceso abierto.
- Axios. Oglala Sioux Tribe says ICE holding tribal members, 13 de enero de 2026. Fuente de acceso abierto.
Este artículo fue elaborado por Ángel Rivas como parte de un trabajo de investigación periodística y tiene fines exclusivamente informativos, con la intervención editorial de Rosalba Téllez. El contenido no refleja una opinión personal del autor, y se basa en la recopilación y verificación de información de interés público.
How enforcement choices turn political narratives into encounters with the state.
A political choice before an arrest
A government does not need to announce that an ethnic community is inferior to expose its members to unequal treatment. It can describe a population as a security problem, expand the institutions charged with controlling it, and allow appearance or language to influence whom those institutions stop. The question is whether enforcement responds to individual conduct or begins to treat belonging itself as suspicious.
The modern politics of punishment did not begin with Ronald Reagan. On June 17, 1971, Richard Nixon announced an intensified campaign against drug abuse. His remarks combined the language of an offensive with proposals for treatment and rehabilitation. Reagan later signed the Anti-Drug Abuse Act on October 27, 1986. His signing remarks emphasized tough laws and a national mobilization against drugs.[6,7]
That chronology matters. Neither the punitive turn nor the opposition to it can be explained by one administration alone. Congress and state governments made consequential choices as well. The 1994 federal crime legislation included programs for policing and imprisonment alongside other measures, illustrating how extensively crime policy had become a legislative project.[8] We should identify those choices instead of claiming that one president single-handedly erased every civil-rights achievement.
Whose movement becomes a threat
The demand for cultural and political autonomy also has its own history. The American Indian Movement, or AIM, participated in the occupation at Wounded Knee in 1973. The confrontation lasted 71 days. The Department of Justice records that mediation helped arrange a meeting between White House officials and Sioux leaders to discuss treaty and governance issues.[9]
For Chicano and Native organizing alike, a central political question remains: can a community challenge the institutions governing its life without having its demands reduced to disorder? Specific unlawful conduct can be investigated without treating an entire movement's cultural identity as evidence against it. We should insist on that distinction even when a protest is confrontational or its demands are unpopular.
The evidence must be local and specific
Maricopa County provides a documented example of racial targeting. Announcing its 2011 investigative findings, the U.S. Department of Justice reported that its expert found Latino drivers were four to nine times more likely to be stopped than similarly situated non-Latino drivers. The department also found discriminatory policing and failures to provide language assistance in the county's jails.[10] These were findings about a particular agency and investigation, not a national estimate for all police.
A stop is not a conviction, and an arrest count is not a transparent measurement of how much crime a population commits. Enforcement decisions influence who enters those counts. At the same time, a disparity alone does not tell us everything about its cause. Meaningful accountability requires information about the conduct officers observed, the grounds for a stop, the result of a search, and the treatment of comparable people.
The Supreme Court's 1975 decision in United States v. Brignoni-Ponce exposes a consequential tension. It rejected a roving Border Patrol stop based only on apparent Mexican ancestry, while permitting that appearance to be considered among other relevant factors. The case concerned reasonable suspicion for a brief stop; a further search required consent or probable cause.[11] Its limits and its permission both deserve scrutiny.
Removal and the meaning of ethnic cleansing
On January 20, 2025, Donald Trump signed Executive Order 14159, titled Protecting the American People Against Invasion. It directed expanded removal efforts, detention capacity, and cooperation with state and local law enforcement. Those are features of the order itself; their operation and legality in any particular setting require separate examination.[12]
I use the term ethnic cleansing to express my political condemnation of a project of removal when it treats an ethnic population as a presence to be eliminated. Applying that term to the administration's agenda is an argument I make, not a judicial finding established by this article. The United Nations notes that ethnic cleansing is not a separately defined international crime, although acts associated with it can constitute recognized international crimes.[13] The label cannot substitute for evidence of whom a policy targets, what it does, and why.
Reporting from January 2026 illustrates the need for precision. The Oglala Sioux Tribe alleged that ICE detained tribal citizens in Minneapolis and that three were transferred to Fort Snelling.[14] DHS could not confirm those encounters.[15] These were contested accounts, not a basis to assert as settled fact that the men were arrested because of their appearance.
What public accountability should require
My concern is the political invitation to collapse identity, immigration status, and criminality into one category. Those are different questions. A serious public debate should demand individualized reasons for enforcement, accessible ways to challenge detention, and independent scrutiny of discriminatory practices. It should also listen to the communities asked to prove, repeatedly, that they belong.
Historical comparisons are useful when they help us recognize mechanisms of exclusion. They become weaker when they erase differences or outrun the evidence. We can oppose racialized enforcement firmly while naming dates, institutions, legal standards, and disputed facts accurately. That discipline makes it harder for officials to dismiss a community's complaint as mere rhetoric.
Sources and further reading
- Richard Nixon, presidential remarks. Remarks About an Intensified Program for Drug Abuse Prevention and Control, June 17, 1971; American Presidency Project. Open source.
- Ronald Reagan Presidential Library. Remarks on Signing the Anti-Drug Abuse Act of 1986, October 27, 1986. Open source.
- U.S. Congress. Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994, H.R. 3355, enrolled text. Open source.
- U.S. Department of Justice, Community Relations Service. Peaceful End to the Siege at Wounded Knee (1973). Open source.
- U.S. Department of Justice. Thomas E. Perez, Maricopa County Sheriff's Office Investigative Findings Announcement, December 15, 2011. Open source.
- U.S. Supreme Court. United States v. Brignoni-Ponce, 422 U.S. 873 (1975). Open source.
- The White House. Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion, January 20, 2025, sections 9-12. Open source.
- United Nations Regional Information Centre. International law: Understanding justice in times of war, March 27, 2024. Open source.
- Associated Press. Oglala Sioux Tribe says three tribal members arrested in Minneapolis are in ICE detention, January 2026. Open source.
- Axios. Oglala Sioux Tribe says ICE holding tribal members, January 13, 2026. Open source.
This article was written by Ángel Rivas as part of a journalistic investigation and is intended for informational purposes only, with editorial input from Rosalba Téllez. The content does not reflect the author's personal opinion and is based on the collection and verification of information of public interest.
